Política y Racismo en el Ecuador (Marcha por el Agua, 22 marzo 2012)



Marcha por la Vida entrando a Quito, 22 marzo 2012. Foto: Fabrizio Moreno

En julio de 2008, durante los accidentados tramos finales de discusión y aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, escribí un artículo titulado "De vuelta al punto de partida" (ALAI 20/07/2008). En el marco de una Constitución considerada "de avanzada" en varios aspectos - adopción del Sumak Kawsay (Buen Vivir) como nuevo paradigma en vez del desarrollo, reconocimiento del Ecuador como país plurinacional, reconocimiento por primera vez de derechos de la naturaleza - lamentaba algunas pérdidas del movimiento indígena respecto de conquistas ganadas en el terreno de la educación. Lamentaba que, después de mucha discusión y lucha en el seno de la Asamblea Constituyente, el kichwa no fuese aprobado como lengua oficial en la nueva Constitución (cosa que luego fue enmendada, en estos términos: "El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural"). Agregaba además, como respaldo, artículos alusivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada un año antes en el seno de la ONU.

Quién iba a decir en ese momento que apenas un año después, en 2009, el movimiento indígena volvería a movilizarse (Movilización por la dignidad, la vida y la plurinacionalidad", 27 sep-9 oct 2009) para exigir diálogo al Presidente Rafael Correa y al gobierno del movimiento Alianza País (AP) y que, tres años más tarde, en 2012, ya roto el vínculo con el gobierno y con varios indígenas procesados como "terroristas", se embarcara en una Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos para exigir el cumplimiento de la Constitución recién estrenada, precisamente de esas cuestiones que le dieron fama de "avanzada": la defensa de los derechos de la naturaleza y del Sumak Kawsay, amenazados entre otros por el anuncio del inicio de la minería a gran escala, y la defensa de la dignidad, una vez más maltratada por un gobierno al que apoyaron y a cuyo triunfo contribuyeron.


Humberto Cholango, Presidente de la
"En diciembre del pasado año, en un acto público y publicado, nada clandestino, como deben ser los actos políticos, la CONAIE debatió y anunció la realización de una movilización nacional, cuyos objetivos, apegados a los mandatos de la Constitución de Montecristi, son:

1) la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas;
2) una revolución agraria para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria, tomando como base la soberanía alimentaria;
3) el cambio del modelo minero-extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, el del Buen Vivir - Sumak Kawsay;
4) la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a los pequeños propietarios y productores; y,
5) el cese inmediato de la criminalización de la protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a los 194 líderes y lideresas comunitarias".


La marcha salió el 8 de marzo de 2012 desde El Pangui, Provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía, y llegó a Quito dos semanas después, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Liderada por el movimiento indígena, la marcha aglutinó a otros sectores, movimientos y organizaciones sociales: campesinos, trabajadores urbanos, maestros, estudiantes... Las cerca de 200 personas que salieron de El Pangui se multiplicaron por el camino y fueron miles al llegar a Quito, provenientes de todo el país.

Acusando a los marchistas de "desestabilizadores" y "golpistas", Correa levantó la consigna del «No Pasarán» (invocada, entre otros, en la Nicaragua de los 1980s para repeler a la contra, financiada por Reagan desde EE.UU.) y convocó a funcionarios y simpatizantes a marchas paralelas y vigilias "en defensa de la democracia". Pero pasaron ... pese a las trabas y a la campaña de desinformación montada por el gobierno en contra de la marcha y sus dirigentes. "Con diálogo todo, por la fuerza nada", pontificó Correa, pero recibió la marcha con contramarchas y se negó a dialogar con los dirigentes a su llegada a Quito.

Una vez más el movimiento indígena se levantó para poner los puntos sobre las íes, esta vez a una «revolución ciudadana» que ofreció un "cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente" pero que viene mostrando no tener mucho ni de revolución ni de ciudadana, y a un Presidente a quien el movimiento indígena le retiró el Bastón de Mando (abril 2011) y no reconoce como mashi ("compañero", en kichwa).

Una «revolución ciudadana» de la que desde el inicio se advirtió su déficit de ciudadanía, que no reconoce el derecho a la resistencia establecido en la Constitución (Art. 98), que se atrinchera en propaganda, que niega el pensamiento crítico, la libre expresión, la discrepancia, el diálogo. En país hoy oficialmente plurinacional e intercultural, esta «revolución» sigue despreciando a los indígenas - "pelucones de ponchos dorados" les llamó Correa en 2009, "izquierda infantil, de plumas y ponchos" en 2012 - y ha consagrado "el racismo como política oficial", como dijo durante la marcha Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La propaganda gubernamental en torno a la reducción de la pobreza y el incremento del gasto social, se estrella contra la sobrecogedora pobreza y la exclusión de los indígenas, el persistente abandono de las zonas rurales, y la ausencia de políticas estructurales que sería de esperar de una «revolución ciudadana» que ofreció cambiar el modelo político, económico y social pero que se ha limitado a medidas asistenciales. Según la CEPAL, "en Ecuador, toda la mejora distributiva proviene del Bono de Desarrollo Humano" (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2011, p. 22), los 35 dólares mensuales que cobran los más pobres para dejar de constar en las estadísticas de los indigentes y seguir siendo solamente pobres. Como aclaraba Correa, entrevistado por un medio gubernamental en enero 2012 a propósito de los festejos  de los cinco años de gobierno: "Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa".

Estamos de vuelta en el punto de partida, pero en un punto de partida diferente. En un Ecuador de "gobierno progresista", que confunde con su nomenclatura revolucionaria, el movimiento indígena vuelve a levantarse para recordar a la sociedad que un gobierno debe hablar menos y escuchar más, debe cumplir con lo acordado, debe poner en práctica la retórica del mandante y el mandado, y debe combatir el racismo y el machismo en sus propias filas. Hoy, como antes, los indígenas siguen siendo un actor social y político fundamental en el escenario ecuatoriano, con capacidad de convocatoria y movilización por la defensa de sus derechos.

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